CHOQUE, Neddy Etman
Hace unos días, durante una clase de Sistemas de Información con estudiantes de primer semestre, surgió un pequeño experimento. La consigna fue convertir un diagrama de procesos en un programa utilizando inteligencia artificial (IA). En menos de diez minutos, varios estudiantes tenían aplicaciones funcionales en Python con interfaz gráfica. Algo que hace apenas cuatro años habría exigido más tiempo y conocimiento hoy puede resolverse en minutos. La pregunta no es solo cuánto ha avanzado la IA, sino si seguimos imaginando su futuro con la velocidad del pasado.
Esa aceleración también puede alcanzar al Estado. Bolivia no parte de cero, ya cuenta con una Red Estatal de Datos y una Plataforma de Interoperabilidad que permiten conectar sistemas públicos e intercambiar información. Además, en agosto de 2026 se presentó BolivIA, una plataforma estatal basada en IA y ejecutada sobre infraestructura pública, aunque la información disponible no precisa qué modelo fundacional utiliza. Ese mismo mes, AGETIC y la UNESCO formalizaron el inicio de la metodología RAM para evaluar las capacidades y brechas del país en regulación, instituciones, infraestructura, datos y talento humano. La incorporación de IA al Estado plantea así tres desafíos estrechamente relacionados: cómo articular institucionalmente esta nueva capacidad, cómo evitar que concentre un poder difícil de controlar y cómo impedir que genere una nueva dependencia tecnológica externa.
La primera dimensión es institucional. Bolivia cuenta con varias entidades que intervienen, desde funciones diferentes, en la transformación digital del Estado. AGETIC trabaja en gobierno electrónico e interoperabilidad, la ATT regula las telecomunicaciones, el VMTEL formula políticas sectoriales y CENGOB articula y monitorea prioridades gubernamentales. Sus competencias no son equivalentes, aunque la convergencia entre telecomunicaciones, datos, gobierno digital e IA puede acercar ámbitos que antes estaban claramente separados. Sin una coordinación común, el riesgo no está en la existencia de varias instituciones, sino en la superposición de proyectos, recursos y decisiones. La región ofrece referencias distintas, en Chile, por ejemplo, articula su política de IA mediante 177 iniciativas coordinadas por 14 ministerios, mientras Perú cuenta con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026 a 2030 respaldada por un marco normativo específico.
En ese contexto aparece la IA agéntica. A diferencia de una IA que solo responde preguntas, un agente puede recibir objetivos, consultar información, utilizar herramientas y ejecutar acciones dentro de permisos definidos. La OCDE ya analiza su uso en gobiernos y advierte que estos sistemas pueden recuperar datos, activar procesos, iniciar transacciones o actualizar registros. Si esta trayectoria continúa, resulta técnicamente plausible imaginar agentes especializados dentro de distintas instituciones y, más adelante, mecanismos capaces de coordinarlos.
A esa posible evolución la denomino Estado agéntico. No se trataría de una máquina consciente, sino de un Estado cuyos sistemas digitales podrían interpretar información, coordinar procesos y ejecutar determinadas acciones de manera cada vez más autónoma. Llevada a una escala mayor, esa arquitectura daría lugar a lo que aquí llamo un Leviatán Digital. Algunas piezas ya existen, China ha establecido estándares nacionales para la interconexión entre agentes, mientras Estados Unidos ofrece a sus agencias federales herramientas de flujos agénticos y orquestación.
La segunda dimensión es política. Una administración mejor integrada puede ofrecer servicios más rápidos y coherentes, pero puede concentrar una capacidad de observación, análisis y acción muy superior a la de los sistemas administrativos tradicionales. En una democracia, esa capacidad exige separación de poderes, trazabilidad, auditoría, protección de datos y supervisión humana. Sin controles suficientes, la misma arquitectura puede ampliar las posibilidades de vigilancia y concentración del poder. La OCDE señala precisamente que la IA agéntica eleva las exigencias de supervisión, trazabilidad, rendición de cuentas y capacidad humana para revisar o revertir acciones automatizadas.
La tercera dimensión es la dependencia tecnológica. Bolivia podría mantener sus datos dentro del territorio nacional y aun así depender de modelos extranjeros, chips importados, servicios en la nube y estándares que no controla. La soberanía de los datos no garantiza la soberanía de la inteligencia que los interpreta. De allí surge la dependencia agéntica, cuando un Estado automatiza decisiones y procesos mediante tecnologías que no controla plenamente. En un artículo anterior describí la competencia entre China y Estados Unidos por la IA, los semiconductores y la capacidad de cómputo como una nueva Guerra Fría tecnológica. En ese escenario aparecen los hegemones inteligentes, actores capaces de proyectar poder mediante el control de modelos, cómputo, semiconductores, nubes y estándares tecnológicos.
El desafío para Bolivia, entonces, no consiste en temer a una máquina consciente, sino en decidir qué clase de Estado quiere construir con estas tecnologías. El riesgo aparece tanto en concentrar demasiado poder dentro de la arquitectura digital como en trasladar silenciosamente parte de ese poder hacia proveedores externos. Hace apenas cuatro años habría parecido improbable que estudiantes de primer semestre transformaran un diagrama en una aplicación funcional en pocos minutos. Tal vez por eso las reglas del futuro no deberían discutirse cuando aparezca el Leviatán digital, sino mientras todavía estamos decidiendo cómo construirlo.
