MARTÍN S.J., Oscar
En diciembre de 2021 el Congreso paraguayo aprobaba un polémico proyecto de ley que establecía la modificación del artículo 142 de la Ley 3.440/2008 que ampliaba las penas carcelarias de 5 a 10 años para los invasores de tierra. La ampliación, según sus creadores, buscaba proteger la propiedad privada. En realidad, se trataba de un proyecto de ley represivo y violento pensado no para proteger lo que de facto en Paraguay está sumamente protegido, sino para atemorizar y ensañarse contra las organizaciones sociales y para criminalizar todavía más a los pobres y su derecho a la tierra.
Algunos datos de nuestra realidad
Paraguay es un país donde la ley permite que el 2,5% de la población acapare el 85% de la tierra cultivable y el 35% de la población campesina apenas tenga el 6%; un país donde solo 15 propietarios poseen 1.500.000 hectáreas; un país que permite que algunos de los que han promovido y votado esta reforma de la ley sean parte de esos 15 mayores terratenientes del país; un país donde, además, los dueños de prácticamente la mayoría de los Medios de Comunicación Social son algunos de quienes son parte de este mismo grupo de 15 privilegiados, que, además, también son legisladores.
En Paraguay lo que verdaderamente se ha invadido y se sigue invadiendo de manera sistemática e impune son los bienes públicos, las tierras comunales y las pertenecientes a los indígenas y campesinos. Desde la dictadura hasta la actualidad casi 8 millones de hectáreas de tierra destinadas a la reforma agraria fueron invadidas y acaparadas por grandes terratenientes ganaderos, personajes del régimen, sojeros y narcotraficantes; millones de hectáreas que materialmente desaparecieron de los registros de la reforma2. La reforma de la ley señalada está también pensada para consolidar la posesión de tierras mal habidas en manos de grandes terratenientes y protegerse de posibles reclamos futuros.
