Pacheco Huascar
La conflictividad en Bolivia ha dejado de funcionar únicamente como una respuesta episódica frente a demandas concretas. Lo que hoy atraviesa el país parece responder a una dinámica más profunda, donde la crisis económica, el desgaste institucional y la polarización política se combinan en un escenario de tensión persistente.
Los bloqueos, marchas y protestas de las últimas semanas reflejan parte de ese fenómeno, por lo que reducir el análisis únicamente a la coyuntura inmediata resulta insuficiente. La crisis actual no surge de manera aislada ni puede explicarse solo por la acción de determinados actores políticos. Más bien expresa la acumulación de fracturas económicas, sociales e institucionales que el país arrastra desde hace varios años y que hoy convergen en un contexto especialmente delicado.
Bolivia enfrenta probablemente uno de los momentos de mayor vulnerabilidad económica de las últimas décadas; la inflación, la escasez de combustible, la falta de dólares y el deterioro de las condiciones de vida afectan directamente a una población donde la informalidad sigue siendo predominante. Ese malestar social constituye hoy uno de los principales combustibles de la conflictividad.
Sin embargo, el conflicto ya no gira únicamente alrededor de reivindicaciones sectoriales. Muchas demandas han comenzado a desplazarse rápidamente hacia objetivos políticos más amplios, redefiniéndose constantemente y dificultando acuerdos estables. Ese es uno de los rasgos más complejos del momento actual; la transformación de conflictos sociales en conflictos políticos de alta intensidad.
Cuando las demandas dejan de ser concretas y pasan a girar alrededor de disputas de poder, legitimidad o desgaste gubernamental, las posibilidades de negociación se reducen drásticamente. En ese escenario, el conflicto también se convierte en un espacio de acumulación política, donde distintos actores buscan capitalizar el descontento social, como por ejemplo sectores vinculados al evismo que todavía conservan capacidad de movilización y presión territorial.
Eso ayuda a explicar por qué muchas movilizaciones recientes muestran dinámicas más organizadas y sostenidas territorialmente. A diferencia de otros ciclos de protesta, hoy parece existir otra lógica, administrar la conflictividad mediante un escalamiento gradual de la presión territorial, política y simbólica para prolongar el conflicto en el tiempo.
El problema es que esta dinámica ocurre en un contexto de enorme fragilidad institucional. Bolivia llega a esta coyuntura con un sistema político desgastado, altos niveles de desconfianza ciudadana y una creciente percepción de que las instituciones han perdido capacidad para procesar y contener los conflictos. El deterioro acumulado de los espacios de mediación, la fragmentación política y la polarización sostenida durante los últimos años han reducido las posibilidades de construir acuerdos estables.[1]
En ese contexto, incluso conflictos inicialmente sectoriales tienden a adquirir rápidamente una dimensión política mayor. La disputa ya no gira solamente alrededor de soluciones concretas, sino también sobre quién logra capitalizar el descontento, debilitar al adversario o construir capacidad de presión.[2]
El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta precisamente esa complejidad. Más allá de errores de gestión —como expectativas de cambio difíciles de sostener en el corto plazo, respuestas percibidas como insuficientes frente a ciertas demandas o dificultades para interpretar la dimensión social del país—, la conflictividad actual responde también a problemas estructurales acumulados durante varios años y que exceden ampliamente a la actual administración.
La crisis económica ya venía deteriorando las condiciones de estabilidad social antes del cambio de gobierno. Sin embargo, la incertidumbre se ha profundizado porque amplios sectores de la población perciben que todavía no existe un horizonte claro respecto a cómo enfrentar el deterioro económico ni señales suficientemente consistentes capaces de reconstruir expectativas de estabilidad.
A esto se suma otro elemento cada vez más importante, la disputa por la percepción de crisis. Bolivia atraviesa una coyuntura donde no solo existen conflictos reales, sino también una amplificación permanente de la sensación de desborde social. Redes sociales saturadas de rumores, discursos radicalizados, imágenes fuera de contexto y narrativas maximalistas terminan alimentando un clima de ansiedad colectiva que muchas veces excede la dimensión real de determinados conflictos.
La percepción termina funcionando como un factor político en sí mismo. En sociedades altamente polarizadas, la sensación de colapso puede acelerar comportamientos defensivos, radicalizar posiciones y reducir aún más los espacios de diálogo.
Nada de esto implica minimizar la gravedad de los problemas actuales ni desconocer las responsabilidades del gobierno, pero tampoco parece suficiente explicar la crisis únicamente desde conspiraciones políticas o desde la acción de determinados actores radicalizados. La conflictividad actual es más compleja porque combina malestar económico, desgaste institucional, fragmentación política y estrategias de disputa de poder.[3]
Esta situación vuelve especialmente riesgosa cualquier salida basada exclusivamente en la confrontación o en la lógica de imposición. La experiencia boliviana demuestra que cuando la política deja de construir mecanismos mínimos de mediación y todos los actores apuestan únicamente al desgaste del adversario, el costo termina trasladándose a la población.
Bolivia parece atravesar una etapa de conflictividad más prolongada y estratégicamente administrada por distintos actores políticos y sociales, con mayores dificultades para encontrar salidas rápidas. Sin embargo, como ha ocurrido otras veces en el país, todavía está por verse si estas tensiones derivan en una mayor escalada o terminan reacomodándose dentro de las dinámicas de negociación y desgaste que históricamente han caracterizado a la política boliviana.
[1] Quiroga Trigo, M. S., Pacheco Ortega, H., & Ríos Dávalos, P. (2025). Del desencuentro a la crisis: Conflictividad política en Bolivia. Fundación UNIR Bolivia.
[2] Op. Cit.
[3] Op. Cit.
