ROJAS, Gonzalo
Óscar Ortiz es el candidato por la Alianza Bolivia Dice No (BDN) que, teniendo como puntal al Partido Demócrata (con significativo apoyo en Santa Cruz, donde esta organización encabeza la gobernación desde hace más de una década), recoge la bandera del 21F, donde la ciudadanía boliviana se pronunció inequívocamente rechazando la posibilidad de modificar el artículo constitucional 168, que como en todo orden republicano moderno, pone límites a la candidatura permanente de los principales mandatarios.
Con el enjuiciamiento al alcalde Leyes de Cochabamba, sus posibilidades de expansión más allá de su departamento natal y del Beni han quedado mermadas, cosa que podría revertirse en parte por la sustitución del que fuera su candidato vicepresidencial, el senador potosino Rodríguez. Como se sabe, después de Morales Ayma y Carlos Mesa, la candidatura de BDN es la que según las recientes encuestas está ligeramente arriba del 10%1.
Opositor como es, con importante trabajo de fiscalizador en la abundante corrupción y discrecionalidad del régimen, hace del reclamo de institucionalidad y transparencia en contrataciones públicas uno de sus puntos más fuertes y creíbles.
En esto, como en varios aspectos de reivindicación del Estado de Derecho, tiene enormes parecidos con Comunidad Ciudadana (del candidato C. Mesa) no únicamente en el nivel del diagnóstico, sino también esbozando soluciones. Bien por la propuesta de constituir profesionalidad del personal de Estado, más aún luego de la descripción tenebrosa del sistema judicial (en particular el penal) y del funcionamiento de la policía.
Durísima y pertinente es su crítica a la perspectiva de la situación de la fiscalidad, las cuentas estatales, donde con la disminución de los ingresos provenientes del gas, nada (o muy poco) hay que oriente hace un cambio de matriz energética. También es un acierto el postular a Bolivia como país que venda servicios, turismo y aun educación superior (en ciertas carreras y universidades/ciudades).
“Durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia ha sufrido la desindustrialización2. Ellos hacen propaganda de algunos proyectos estatales como la planta de urea, la planta del Gran Chaco, todas esas dan pérdida, ninguna está funcionando bien.
Pero si vemos por ejemplo las Industrias que había en El Alto ¿Dónde están?”, señala Ortiz en la entrevista. El gran mito propagandístico de que se están dado pasos importantes en la industrialización, lo mismo que ese de la “soberanía alimentaria” cuando hay en importante importación de papa y fruta del Perú.
Con razón Ortiz reclama institucionalidad para el caso específico de la atención de los incendios en la Chiquitanía y tierras bajas. Empero, aunque hable de equilibrio y sostenibilidad, creo que falta una mirada más crítica a la lógica de ampliación de frontera agrícola. Por eso, apoyó a la Ley 741 del 29 de septiembre del 2015 con su voto en el Senado -unánime- según ha informado la actual titular del mismo Senado. Esta ley, amplía a 20 hectáreas la superficie en que se permite “chaqueo”, en propiedad pequeña o comunitaria. Al senador Ortiz, como a todos, le pesa su propia trayectoria profesional y laboral, en este caso vinculada a la agroindustria cruceña. Por sus activos voceros de este importante sector económico del país (por ejemplo, el IBCE, Instituto Boliviano de Comercio Exterior), conocemos que parte de su estrategia de crecimiento incluye ampliación de la superficie agrícola y pecuaria.
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