¿Cómo garantizará el Estado de Derecho y el respeto a los DDHH en el país?
Aquí hay algunos problemas estructurales que hay que solucionar. Lo primero, hay que encontrar las causas y no solamente atacar el efecto. Generalmente las normas bolivianas, particularmente en los últimos tiempos, se han ido elaborando en función de los efectos, pero no de las causas. Nosotros hemos planteado en el programa de gobierno algo muy conciso y es prácticamente otorgar el poder al pueblo, de manera real, no de manera discursiva. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, en la economía, que la gente, la ciudadanía, los jóvenes deberían tener su propia empresa eso es toda una filosofía.
No se está apostando a un patrón privado ni al patrón Estado, sino que en esa empresa además de ser dueño, puede dar trabajo directo. Ahí por ejemplo ya no hay afectación de ningún derecho laboral que es parte de los derechos humanos.
Ya no hay asalariado, ya no va a ser perjudicado como trabajador, no está reclamando si se le ha pagado de acuerdo a la Ley general del trabajo, o si le afectaba en aguinaldos, o si le ha afectado en ciertos beneficios sociales porque como empresario, el trabajador, va a poder diseñar ahora cuánto distribuir al salario, o cuánto distribuirá a la protección social, o cuánto distribuir o asignar para el crecimiento económico de su empresa. O sea que desaparece la violación de los Derechos Humanos.
En la política igual, cuando decimos que el pueblo decida sobre las normas, sobre las leyes o políticas públicas, el pueblo va a decidir; no va a ser un grupo político, ni un presidente, ni un gobernador, sino que ellos van a ser los viabilizadores de esta decisión colectiva. Prácticamente el derecho no va a estar de ninguna manera violentado. Estamos solucionando ese problema de manera estructural y otorgando el poder, la soberanía, la libertad, la autodeterminación al pueblo.
Hasta en la justicia, cuando se afecta en la justicia al derecho humano, principalmente cuando la justicia es manipulable, es mercantil u obedece a intercambio de favores. Nosotros decimos que nuestra propuesta es estructural ya que más bien la justicia será administrada, juzgada, investigada por la propia colectividad, a través de sus organizaciones territoriales. Desde la ciudad, la junta de vecinos de distritos. Prácticamente no va a existir ninguna violación de Derechos Humanos.
¿Usted cree que existen presos políticos en el país? ¿Liberará o qué medidas asumirá con los presos políticos? Hay otros que se declararon perseguidos y están fuera del país ¿promoverá su retorno?
No creo que sea el concepto de presos políticos. Honesta y objetivamente hablando son personas que evidentemente tienen incidencia política aquí en Bolivia y el gobierno ha buscado problemas principalmente en su administración pública; ése ha sido el tema fundamental y evidentemente han encontrado problemas. Los supuestos perseguidos han sentido que no había aquí una justicia objetiva al ser acusados y enjuiciados o procesados. Pero los perseguidos políticos no son tales ya que tienen problemas de administración y la justicia no es totalmente objetiva o neutra; por el temor a eso se han escapado.
Ahora lo que correspondería es tener una justicia que sea neutral y objetiva y a partir de eso someter a lo que indican las normas. Hay normas hechas hace años y no se ha modificado nada. La ley SAFCO de la contraloría establece claramente los tipos de responsabilidad y a eso cualquier autoridad tiene que ser sometida.
Por ejemplo en el caso de Goni y del dirigente de Achacachi…
Ahora en el caso de Goni es totalmente distinta su situación. En el caso de Goni, él no es perseguido político, es el culpable de los asesinatos y tiene que pagar algún rato. Más bien desde el Estado no se han hecho muchas acciones, le han dejado a la sociedad civil y la sociedad civil se ha defendido. Han hecho acciones civiles, no penales, pero como Estado no se ha hecho ninguna acción.
Ahora, ciertos dirigentes evidentemente han sido detenidos y en algunos casos no sé si sería la figura de perseguido político, específicamente, porque son entidades cívicas que han reclamado ciertas situaciones. El caso de Achacachi es bien claro, la denuncia de la mala administración del alcalde Edgar Ramos. que era militante del MAS o por lo menos elegido por el MAS y ha sido protegido por el propio estado y por el Movimiento Al Socialismo. Esa denuncia, ese accionar, esa movilización colectiva contra esa mala administración evidentemente ha derivado en esta situación y en ese sentido, sin duda alguna, para no continuar siendo procesados por la justicia, han optado por ir a otro país.
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