CANTORAL BENAVIDES, Luis Fernando
“Muchas cosas cambiaron en la cárcel durante la pandemia, menos la corrupción”, dice Sandro, interno de una de las secciones del penal de San Pedro de La Paz, el segundo recinto con mayor población del país. En 17 meses de emergencia sanitaria, que desnudó la calamidad del sistema carcelario nacional, Sandro ha experimentado mucho miedo, hambre y desasosiego.
Durante la primera ola del nuevo coronavirus (Covid-19), en 2020, que dejó más de 50 muertos en la población penitenciaria del país, el temor a la muerte cundía. Aunque los abusos con cobro de celdas y extorsión a nuevos internos pararon por un corto tiempo, las prohibiciones por la pandemia se convirtieron en una gran oportunidad para quienes cuidan la puerta.
Los internos reconocen que la cárcel ya no es como antes de 2018, cuando grupos de reclusos con sentencias de 30 años, junto a los delegados, secuestraban y extorsionaban de forma abierta a los recién llegados. También ven una mejora parcial en la alimentación y en la atención en salud, principalmente por el tema del Covid-19, aunque advierten insuficiencia de personal y medicamentos. Pero lo que se afianzó, aseguran, fue la corrupción.
ANF entrevistó a internos de cinco secciones del penal de San Pedro –de los que se cambió el nombre para proteger su privacidad y seguridad-, al Director Nacional de Régimen Penitenciario y realizó una revisión del Censo Carcelario 2019 para evidenciar que los cobros ilegales y las extorsiones continúan, y en estos actos ilícitos se encuentran implicados delegados de los internos, policías y funcionarios de Régimen Penitenciario.
“Respecto al trabajo de la privación de libertad, la corrupción se da en niveles de los centros penitenciarios y le aseguro que no llega al nivel de la dirección general, pero hay corrupción, eso no se niega”, admitió Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, en entrevista con radio Deseo.
Pese a los esfuerzos de la nueva gestión penitenciaria por tener mayor presencia del Estado en las cárceles, para controlar los abusos y cobros, esta sigue siendo nominal. El control policial se centra principalmente en las puertas de acceso a los recintos penitenciarios para evitar el ingreso de droga, alcohol y suministros y artículos no permitidos.
Las restricciones que ha impuesto la emergencia sanitaria por el coronavirus ha significado una gran oportunidad para los carceleros que, quebrantando la ley, han monetizado cada una de las prohibiciones. “Los policías son los más beneficiados con la pandemia”, dicen los internos.
En los días de encapsulamiento, en la cárcel de San Pedro, cuando estaba prohibido el ingreso de visitas, los policías cobraban 50 bolivianos y a quien se quedaba a pernoctar, 200 bolivianos.
Cuando se fue flexibilizando y se permitía el ingreso de visitas por número de carnet de identidad, los policías dejaban entrar a quienes no les correspondía cobrando entre 30 y 50 bolivianos a las secciones Posta, Chonchocorito y Grulla. Visita que no contaba con traje de bioseguridad pagaba 20 bolivianos extras.
Incluso el ingreso de medicamentos, que por la pandemia se había flexibilizado, tenía costo. Policías cobraban por entrega fuera del horario de visita hasta 50 bolivianos.
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