GARCÍA DURÁN S.J. , Mauricio
La Paz Total se ha ido configurando como el gran eslogan del actual gobierno colombiano, con el cual el presidente Gustavo Petro ha querido dar más identidad a su gestión y lograr así ser recordado en el futuro. De ahí la relevancia de la Paz Total en sus actuaciones y discursos, así como en las acciones de la vicepresidenta Francia Márquez y de gran parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, es preocupante percibir niveles de improvisación y desaciertos en esta política, como se ha evidenciado en la falta de claridad en los acercamientos, el tipo de negociación y el cese al fuego con sectores criminales y del narcotráfico.
El gobierno tiene que mostrar resultados muy concretos para evitar que sus esfuerzos terminen con-vertidos en otra «paz parcial» o en un recrudecimiento de la violencia. Tiene el reto de potenciar eficazmente los elementos positivos de la política de paz, aclarar los que todavía están confusos y proponer alternativas frente a los obstáculos, en pos de una paz posible.
Carencias y nuevas negociaciones
En la discusión sobre la Paz Total, tanto en el ámbito político como en el académico y de activistas por la paz, surgen muchas preguntas sobre su real significado. Algunos analistas consideran que predomina la improvisación: el gobierno no ha dado a conocer un documento que explicite y muestre contenidos, objetivos y estrategias de dicha política. El debate se ha centrado en los procesos de negociación y sometimiento de los actores armados. No se observa una búsqueda de una hoja de ruta sobre cuál es la paz posible en las actuales circunstancias ni una promoción de dinámicas de desarrollo integral, fortalecimiento de la democracia y promoción de una cultura de paz y reconciliación, condiciones para consolidar un país en paz, potencia para la vida, como reza el Plan Nacional de Desarrollo (dnp 2022 y dnp 2023).
Se necesita que el gobierno explicite una política de paz propiamente dicha en todos sus componentes. Significa generar no solo estrategia, sino también mecanismos concretos que garanticen su implementación, mediante una adecuada coordinación entre las instancias del Estado.
