Nicolás Pedemonte Rojas
La disputa en territorio mapuche no puede entenderse solo como un problema de seguridad. Detrás de la violencia, la militarización y el uso político de la palabra «terrorismo», persiste una pregunta democrática más profunda: qué lugar tienen los pueblos indígenas, sus territorios y sus formas de vida en un Estado que aún resiste reconocerlos plenamente.
Una noche de agosto de 2020, en plena pandemia, el conflicto en territorio mapuche dejó de expresarse sólo en caminos rurales, predios forestales o comunidades en resistencia. Entró también a los municipios y a las redes sociales, y se hizo audible en los gritos abiertamente racistas de grupos civiles que se movilizaron contra ocupaciones realizadas por militantes mapuche. Aquello no fue un episodio aislado. Fue una señal de que el conflicto había cambiado de escala y de lenguaje. Lo que durante años se había discutido en torno a tierras, extractivismo forestal, autonomía y represión policial comenzaba a ser traducido, cada vez más, en clave de amenaza interna, identidad nacional y orden público.
Para quienes leen desde fuera de Chile, conviene partir por lo básico. La llamada «Macrozona Sur» no es solo una zona geográfica. Es también una categoría estatal y securitista usada para nombrar territorios donde se concentran presencia policial y militar, explotación forestal, agricultores organizados, comunidades en recuperación territorial, protesta política, violencia colectiva, y una larga historia de desencuentros entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche. La expresión puede servir para la administración pública, pero también oculta lo esencial: allí no hay simplemente un «problema de seguridad»; hay una disputa histórica por territorio, reconocimiento y poder.
Este conflicto no comenzó con los atentados recientes ni con las imágenes televisivas de camiones quemados. Su raíz está en la formación misma del Estado chileno. El Pueblo Mapuche mantuvo autonomía territorial al sur del Biobío durante siglos, incluso después de la llegada española y de la fundación del Estado chileno. La ocupación chilena de La Araucanía, en la segunda mitad del siglo XIX, incorporó por la fuerza esos territorios al Estado nacional, redujo drásticamente la tierra mapuche y abrió paso a políticas de colonización, fragmentación comunitaria y asimilación cultural. Desde entonces, la tierra no ha sido solo propiedad. Ha sido memoria, tradición, subsistencia, vínculo comunitario y posibilidad de futuro.
Esa historia tuvo un nuevo punto de inflexión durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. La contrarreforma agraria desplegada y la expansión del modelo forestal consolidaron un régimen de propiedad y explotación que transformó vastos territorios habitados en zonas de monocultivo. Así, empresas madereras subvencionadas y protegidas por el Estado desde la década de los setenta del siglo pasado concentraron territorio y encarnaron un modelo de desarrollo profundamente desigual. En este contexto, para muchas comunidades mapuche, la defensa del territorio no se reduce a la restitución de predios. Supone cuestionar un orden económico y político que convirtió espacios habitados en recursos explotables1.
La democracia posterior a 1990 no ha logrado resolver ese nudo. Ha habido ciertos avances: Ley Indígena, creación de CONADI, ratificación del Convenio 169 de la OIT, comisiones presidenciales, procesos de diálogo, consultas, propuestas de reconocimiento constitucional y, más recientemente, una Convención Constitucional presidida por una académica mapuche. Pero el balance es complejo y, no exento, de conflicto ni de resistencias institucionales. El Estado chileno ha desplegado políticas indigenistas y multiculturalistas en el ámbito simbólico-cultural, pero ha resistido sistemáticamente las demandas que implican redistribuir poder: autonomía, autodeterminación, restitución territorial sustantiva, representación política, plurinacionalidad e instituciones indígenas.
Esta es una de las claves democráticas del conflicto. Las demandas territoriales mapuche no son solo demandas de tierras. Son demandas por un nuevo modo de ordenar la relación entre Estado, territorio y pueblos indígenas. Piden reconocimiento, pero no solo simbólico; participación, pero no meramente consultiva; reparación, pero no administrada desde arriba; desarrollo, pero con cuidado del medioambiente y no impuesto por empresas o poderes externos. En ese sentido, la defensa territorial es también una defensa de la democracia, entendida no solo como elecciones, sino como capacidad de una sociedad para escuchar memorias negadas, distribuir poder y permitir que comunidades históricamente subordinadas decidan sobre las condiciones de su propia vida.
Ante esa demanda política, la respuesta estatal ha tendido una y otra vez a desplazarse hacia el discurso securitista. La militarización vigente en Wallmapu (territorio mapuche ancestral), los estados de excepción, la aplicación de leyes especiales, la vigilancia policial, la persecución penal y el encarcelamiento de dirigentes han contribuido a instalar una democracia territorialmente desigual. En buena parte del país, las instituciones funcionan bajo reglas ordinarias; en territorio mapuche, en cambio, la excepción se ha vuelto rutina. Chile no ha dejado de ser una democracia formal, pero su calidad democrática se debilita cuando ciertas poblaciones y territorios viven bajo formas recurrentes de coerción.
Este diagnóstico no significa negar la violencia. Sería irresponsable hacerlo. En el sur de Chile ha habido ataques incendiarios, amenazas, sabotajes, agresiones, víctimas civiles, policías muertos, personas mapuche muertas, familias atemorizadas y comunidades atrapadas entre actores estatales, empresariales, políticos y armados. Ninguna salida democrática puede construirse relativizando el dolor de quienes han sufrido violencia. Pero tampoco habrá una salida viable y sostenible si se usa esa violencia para clausurar toda pregunta histórica. El término «terrorismo» o «violencia ruralÇ, cuando se convierten en explicación total, empobrece el diagnóstico. Se nombra así ciertos hechos, pero se invisibiliza la protesta política y, sobre todo, el proceso que hizo posible la violencia: despojo territorial, racismo, pobreza, extractivismo maderero, crisis sociomedioambiental, fracaso institucional, militarización y ausencia de reconocimiento político efectivo.
Una investigación basada en prensa, registros territoriales y redes sociales identificó mil 932 eventos de protesta mapuche y 401 eventos de supresión de protesta entre 2015 y 20242. El mismo trabajo analizó más de ocho millones de publicaciones en la red social X vinculadas al conflicto. Lo relevante no es solo la cantidad, sino el cambio de ciclo. Desde 1998, la protesta mapuche ha estado fuertemente marcada por un eje antiextractivista, con acciones de sabotaje dirigidas contra las empresas forestales de los principales grupos económicos chilenos3. Desde 2020, en cambio, el escenario se volvió más fragmentado, identitario y polarizado: emergieron repertorios más disruptivos, nuevos actores, discursos nacionalistas antimapuche y una presencia más visible de un contramovimiento de extrema derecha.
El conflicto, entonces, ya no enfrenta simplemente a comunidades mapuche con el Estado. Enfrenta proyectos de sociedad. De un lado, demandas por territorio, autonomía, justicia histórica y sostenibilidad ecológica. Del otro, posiciones cerradas en defensa de la propiedad, del modelo forestal-extractivo, del orden público, de una nación homogénea y de la mano dura. En medio, hay comunidades no mapuche, familias rurales, trabajadores, municipios, iglesias, universidades, gobiernos regionales, organismos de derechos humanos, etc. El Estado chileno tampoco es un actor único: reconoce, administra, dialoga, contiene, reprime y promete, muchas veces al mismo tiempo y desde agencias distintas, con independencia del gobierno de turno.
Esta complejidad obliga a abandonar las caricaturas. El Pueblo Mapuche no es homogéneo. Existen comunidades rurales, organizaciones urbanas, autoridades tradicionales, profesionales, dirigentes institucionales, colectivos culturales, organizaciones moderadas y autonomistas, y sectores radicalizados. Tampoco la sociedad chilena local es un bloque uniforme. Hay víctimas, racismo, miedo, intereses económicos, solidaridad, indiferencia y cansancio. La democracia debe partir por reconocer esa trama, no por reducirla a una guerra entre buenos y malos.
La pregunta de fondo es si Chile será capaz de transformar un conflicto tratado por décadas como amenaza en una conversación política sobre territorio, poder y convivencia. Para ello no basta una nueva comisión, aunque estas puedan abrir caminos. Tampoco basta con más policía, aunque el Estado deba proteger a las personas. Se requiere algo más difícil: reconocer que la paz no puede fundarse en la negación del otro ni en la administración indefinida de una injusticia histórica.
La defensa del territorio mapuche, ciertamente, interpela a toda América Latina porque muestra un dilema compartido por muchas democracias poscoloniales: aceptan la diversidad cultural mientras no cuestione la soberanía, la identidad nacional, la propiedad, ni el modelo de desarrollo. Pero cuando los pueblos indígenas demandan poder efectivo sobre sus territorios, la tolerancia suele agotarse. Allí aparece el límite real del reconocimiento.
Por eso, Wallmapu no es solo una periferia conflictiva. Es un espejo de la democracia chilena. En la práctica muestra, más que sus logros, sus deudas: la dificultad para reconocer su diversidad, redistribuir poder, reducir la pobreza, reparar despojos y someter la fuerza estatal a límites democráticos. Una democracia madura no se prueba solo contando votos. Se prueba, sobre todo, en su capacidad de incluir y reconocer políticamente a quienes históricamente fueron tratados como problema antes que como interlocutores y sujetos de derecho.
Llamada: La pregunta de fondo es si Chile será capaz de transformar un conflicto tratado por décadas como amenaza en una conversación política sobre territorio, poder y convivencia.
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1. Bresciani, C., Soto, D., Fuenzalida, J., & Pedemonte Rojas, N. (2019). Mitos chilenos sobre el Pueblo Mapuche. Ediciones UAH.
2. Pedemonte Rojas, N., Lawrence, T. & Gálvez, D. «The New Cycle in the Mapuche Contention». Ponencia presentada en conferencia «The Struggle from Below: Democracy and Civil Society in the Age of Backsliding». 5-7 de febrero de 2025, en University of Florida (Gainesville, EE.UU.).
3. Maher, R., Pedemonte Rojas, N., Gálvez, D. & Banerjee, B. (2024). «The Role of Multistakeholder Initiatives in the Radicalization of Resistance». Journal of Management Studies.
