Juan Salvador Pérez y María Isabel Párraga
El sur de Venezuela enfrenta una severa crisis humanitaria y ecológica caracterizada por la minería ilegal, la violencia armada y la vulneración sistemática de los derechos de los pueblos indígenas ancestrales. Ante este complejo escenario, tanto los recientes operativos militares como las reformas legales vigentes despiertan profundas dudas sobre si buscan el bienestar de la población o el resguardo de intereses económicos extranjeros.
El sur de Venezuela, compuesto por los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, atraviesa una crisis que entrelaza la minería ilegal, la violencia armada, la devastación ambiental y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta región, rica en recursos como oro, coltán, diamantes y hierro, ha pasado de ser un bastión de biodiversidad y potencial económico a un epicentro de caos y explotación.
En 2016, el gobierno venezolano lanzó el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), una vasta área de más de 111 mil kilómetros cuadrados destinada a la explotación minera «controlada». No obstante, las intenciones iniciales se han desvirtuado: entre el 85% y el 90% de la extracción de oro en la región ocurre fuera del marco legal, dejando al Estado sin ingresos significativos y favoreciendo a redes criminales que operan con impunidad.
Grupos como el Tren de Aragua, mafias transnacionales y guerrillas han encontrado en el sur venezolano un terreno fértil para operar. La violencia, las extorsiones y los desplazamientos forzados se han convertido en el pan de cada día. Las denuncias apuntan a un vacío deliberado de autoridad estatal que parece beneficiar a ciertos sectores del poder militar y político.
Un caso paradigmático fue la reciente muerte de Héctor ´Niño Guerrero», líder del Tren de Aragua, durante un operativo conjunto entre el Comando Sur de Estados Unidos y las autoridades venezolanas. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump calificó esta operación como un golpe «rápido y letal» contra el crimen organizado, su intervención ha despertado sospechas sobre intereses económicos extranjeros en la región. Algunos analistas sugieren que este despliegue militar podría estar más relacionado con la protección de recursos estratégicos que con la seguridad local.
El impacto ambiental de la minería ilegal es devastador. El uso indiscriminado de mercurio en la minería artesanal ha contaminado ríos y suelos, destruyendo ecosistemas únicos en el mundo. Organizaciones como «Clima21»1 y «Crisis Group»2 han denunciado la falta de regulación ambiental, que perpetúa estas prácticas destructivas.
Por otro lado, las comunidades indígenas que habitan estas tierras desde tiempos ancestrales son víctimas directas de esta crisis. Pueblos como los pemones, yekuanas y waraos han visto sus territorios invadidos y saqueados por mineros ilegales y grupos armados. Muchos han sido desplazados o forzados a trabajar en condiciones inhumanas bajo el control de mafias locales. Además, la contaminación por mercurio ha provocado graves problemas de salud en estas comunidades ya vulnerables.
Las mujeres indígenas enfrentan una situación todavía más alarmante. Informes documentan casos de violencia sexual, trata de personas y explotación laboral en las zonas mineras. Sin embargo, las autoridades han hecho poco para garantizarles protección o acceso a servicios básicos como salud y educación3.
Operativos militares: ¿soluciones reales o intereses externos?
En respuesta a la creciente presión internacional y local, el gobierno venezolano ha lanzado una serie de operativos militares para intentar retomar el control del territorio. Uno de los más recientes tuvo lugar cerca del enclave minero Las Claritas, en el estado Bolívar. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran aeronaves sobrevolando la zona mientras cientos de personas huían apresuradamente.
Sin embargo, estas operaciones han sido criticadas por su falta de transparencia. No se han publicado informes claros sobre sus objetivos o logros concretos. Además, persiste la sospecha de que estos esfuerzos buscan más proteger intereses económicos externos que garantizar la seguridad o los derechos humanos de las comunidades locales.
La nueva Ley de Minas: ¿esperanza o amenaza?
En medio de este complejo panorama, la Asamblea Nacional aprobó recientemente una nueva Ley de Minas4 que promete modernizar la industria minera, atraer inversiones privadas y endurecer las sanciones contra la minería ilegal. La legislación también incluye disposiciones para mitigar los daños ambientales.
No obstante, esta ley ha generado tanto expectativas como temores. Si bien se presenta como una solución para revitalizar la economía, críticos temen que facilite aún más la entrada de intereses extranjeros dispuestos a explotar los recursos naturales sin considerar el impacto social y ambiental. Desde que Nicolás Maduro fue removido del poder en enero de 2026 en una controversial operación liderada por Estados Unidos, el gobierno interino ha impulsado reformas económicas orientadas a captar capital extranjero. Esto ha generado dudas sobre si estas medidas beneficiarán realmente al pueblo venezolano o consolidarán nuevas formas de dependencia económica.
Una crisis ética y ambiental
La situación en el sur venezolano no solo es una crisis económica y política; también es un problema ético y ambiental. La Doctrina Social de la Iglesia Católica ofrece una perspectiva valiosa al respecto. Según su Compendio: «El principio del destino universal de los bienes exige una economía al servicio del hombre»5. Esto implica que los recursos naturales deben gestionarse no solo para generar riqueza económica, sino también para garantizar el bienestar integral de todas las personas.
La encíclica Laudato Si del papa Francisco también subraya esta interconexión entre lo ambiental y lo social: «El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos»6. En el caso del Arco Minero del Orinoco, esta relación es evidente: la destrucción del ecosistema amazónico está directamente relacionada con el sufrimiento humano experimentado por las comunidades indígenas.
En su reciente encíclica Magnifica Humanitas, León XIV también aborda esta problemática al señalar que «los datos son las nuevas ‘tierras raras’ del poder: informaciones vitales que, una vez correlacionadas, pueden utilizarse para seleccionar quién y qué importa»7. Sus palabras resuenan en un contexto donde los recursos naturales son saqueados mientras las comunidades locales ven mermada su soberanía.
futuro del sur venezolano pende de un hilo. ¿Se está construyendo una nueva Torre de Babel cimentada en explotación y desigualdad o hay esperanza para reconstruir una Jerusalén fraterna? Como lo expresó León XIV: “Una verdadera transición justa requiere transparencia, rendición de cuentas y participación comunitaria”8.
La solución a esta crisis debe ser integral. No basta con operativos militares o reformas legales; es necesario garantizar alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales, restaurar los ecosistemas dañados y combatir con firmeza la corrupción. Además, debe asegurarse la participación activa de las comunidades indígenas en las decisiones sobre sus territorios.
La crisis del sur venezolano no es solo un problema local; es un recordatorio global sobre los riesgos de priorizar los intereses económicos por encima del bienestar humano y ambiental. Como señaló el papa Francisco: «Todo está conectado»9 Resolver esta crisis será un testimonio del compromiso colectivo con la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
----------------------------------------------
. Clima21. “Comunicado de Clima21 sobre los Operativos Militares en Zonas Mineras del Estado Bolívar.” Última modificación el [fecha de publicación, si está disponible]. https://clima21.net/noticias/comunicado-de-clima21-sobre-los-operativos-militares-en-zonas-mineras-del estado-bolivar/.
2. Bran Ebus:”Reported U.S. Killing of Crime Boss Points to Shake-Up in Venezuela’s Mining Heartland.” Última modificación el 20 de junio de 2023. https://www.crisisgroup.org/anb/latin-america-caribbean/venezuela-united-states/reported-us-killing-crime-boss-points-shake venezuelas-mining-heartland.
3. Clima21. (2023). Venezuela: Mujeres y ambiente. Recuperado de https://clima21.net/wp-content/uploads/2023/05/Venezuela-Mujeres-y ambiente-Cedaw2023-1.pdf
4. Gaceta Oficial. (2026). Ley Orgánica de Minas. Recuperado de https://iusdata.com/gaceta-oficial-7-020-extra-20-de-abril-de-2026-ley-organica-minas/
5. Pontificio Consejo de Justicia y Paz. “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.” Última modificación el 26 de mayo de 2006. https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott soc_sp.html. 6. Papa Francisco, Laudato si’ (2015), n. 48, https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
