Omar Navarro Ballesteros
«La soberanía energética no puede ser a costa de los territorios y medios de vida, el uso de fracturación hidráulica en la Huasteca Potosina es equivalente a una declaración de guerra a los pueblos», apuntó el activista y asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) Rogel del Rosal, en entrevista con la revista CHRISTUS. La amenaza, advierte, es real: el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) busca reactivar este proyecto energético, que pone en riesgo el agua, la tierra y la vida comunitaria, pese a que en años anteriores había cuestionado e incluso rechazado el uso del fracking.
De acuerdo con el Plan Estratégico de PEMEX 2025–2035, la Cuenca de Burgos (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila) y las cuencas Tampico–Misantla, Sabinas y Veracruz, en el sur y noroeste de México, están consideradas para la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fracturación hidráulica, técnica conocida popularmente como «fracking». Estas zonas se distinguen por su crisis hídrica y por la presencia de comunidades indígenas.
En esta técnica se perfora verticalmente el suelo hasta alcanzar la formación que contiene el gas (shale). Luego se realizan perforaciones horizontales en la lutita (una roca sedimentaria de grano fino, formada por arcillas y otros minerales, que puede almacenar gas o petróleo en sus poros) y, mediante la inyección de agua mezclada con arena y químicos, se fuerza la salida de los hidrocarburos atrapados en la roca, como lo explica la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La discusión encendió las alertas entre comunidades, organizaciones y colectivos ambientalistas, luego de que el pasado 15 de abril se anunciara la creación de un «comité de expertos» que analizará la viabilidad de esta práctica. El comité fue presentado durante la conferencia matutina por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que el grupo será integrado por investigadores y científicos de distintas universidades y tendrá la misión de evaluar la posibilidad de explotar el fracking.
El comité fue cuestionado, pues diversas voces señalaron que, en realidad, este grupo podría encargarse de justificar una decisión ya tomada. El anuncio abrió una discusión de fondo: el debate no debería limitarse a la comunidad científica, sino incluir también a los pueblos y comunidades afectadas, que tienen derecho a ser escuchadas e informadas.
Además la decisión parece ir a contramano de la postura sostenida por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se manifestó firmemente en contra de este método, considerado sumamente peligroso para el medio ambiente y la salud pública.
De acuerdo con el compendio elaborado por Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility, la realización del fracking presenta riesgos para la salud, como cáncer y problemas cardiovasculares y respiratorios. López Obrador incluso propuso modificar el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional para prohibirlo. Sin embargo, en 2019 en pleno segundo año de gobierno, la activista Claudia Campero, geógrafa e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, denunció que la Comisión Nacional de Hidrocarburos continuaba aprobando proyectos que contemplaban el uso de esta técnica.
Pese a lo anterior, en los últimos meses la presidencia de México ha impulsado una narrativa en torno a explotar yacimientos no convencionales mediante un «fracking sustentable» que utilizaría agua salada. Sin embargo, diversos especialistas han documentado la inviabilidad de esta propuesta.
No existe el «fracking sustentable»
Para Pablo Montaño, director y fundador de la organización Conexiones Climáticas y destacado ambientalista, no existe una forma más violenta y de mayor daño ambiental que el fracking, a quien también lo califica como una «violación al suelo».
«Hay una manipulación en cómo se presenta esta técnica. Para empezar, cualquier combustible fósil no puede ser sustentable. Después, hablan de métodos no contaminantes que no se utilizan (…) La industria está hecha para maximizar ganancias».
Pablo conoce el tema, su labor lo ha llevado a viajar a Texas para entender el problema. Ahí descubrió que esta actividad había arrasado con todo; la ganadería y la agricultura habían desaparecido por la contaminación del suelo, el aire y la tierra. Incluso se sorprendió cuando el agua del grifo tenía un sabor al que describió como «ferroso y salado»; en esa zona está prohibido utilizar el agua por lo contaminada que está.
«Es un lugar inhóspito (...) Incluso la leche de las vacas sale con químicos derivados por la contaminación del suelo y el agua».
Uno de los argumentos para avalar el fracking es que se utilizará agua salada en lugar de agua potable. Sin embargo, colectivos han documentado que esta alternativa es prácticamente inviable por sus altos costos y porque México no cuenta con la tecnología necesaria.
«En México se utiliza fracking desde hace 10 años y ni siquiera lo hace PEMEX, contratan a empresas de Estados Unidos. Además es muy caro realizarse. Por cada pozo se utilizan alrededor de 19 millones de litros de agua, pero un pozo puede tener diversas ramificaciones, lo que eleva brutalmente el gasto de agua», alertó Pablo.
Estados Unidos es el país que más ha utilizado está técnica y por ende se ha «especializado», lo que ha llevado a las empresas a considerar como «secreto industrial» a las sustancias que se agregan al agua, explica Janet Gómez en su artículo «¿Qué es el fracking y por qué es dañino para el medio ambiente?» Por lo cual se tendrá que recurrir a ellas para la explotación del gas no convencional en territorio mexicano.
367 comunidades indígenas se verán afectadas
«Todo va a contaminarse, principalmente el agua y los mantos acuíferos. Y la infraestructura y la red de caminos también dañará nuestro suelo y aire. Es por eso que hacemos foros regionales, asambleas, que son muy importantes, porque ya siete municipios se declararon libres de fracking, queremos que no se autorice el uso de suelo agrícola, forestal y pesquero a estas empresas extranjeras», expresó Rogel del Rosal, quien enfatizó que, aunque desde la Presidencia de la República se hable de «fracking sustentable», hasta la fecha no hay ningún estudio científico que compruebe la existencia de esa técnica.
«Tan solo en la huasteca potosina 367 comunidades indígenas se verán afectadas», dice el defensor; a ninguna se les consultó que sus tierras formarán parte de este plan estratégico para la extracción de hidrocarburos, como lo establece la Constitución Política. Rogel añade que el río de estas comunidades será también afectado por esta técnica; un lugar importante para los pueblos tének y náhuatl, quienes llevan más de catorce años organizándose para prohibir el fracking en su territorio.
¿Por qué apostar siempre por lo peor?
Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos y activista ambiental en la zona carbonífera de Coahuila, comparte que no se puede seguir explotando el territorio coahuilense sin un programa de reparación al daño ambiental.
«Tenemos 260 pasivos ambientales entre desperdicios de minas y residuos de carbón y 180 minas a cielo abierto», dice Auerbach en referencia a esos terreros en donde se acumulan los desperdicios de carbón que las mineras abandonan cerca de los pueblos.
El fracking en territorio coahuilense se ha presentado como una posible solución al desempleo provocado por el cierre de la minera Altos Hornos de México. Tanto el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, como la presidenta Sheinbaum, han señalado que la extracción de gas shale podría generar fuentes de empleo en la zona. Sin embargo, organizaciones y voces críticas advierten que esta narrativa busca vender el proyecto como una salida económica, «pero no es así y ni generará empleo ni desarrollo», dice Auerbach, y añade: «El 70% del gas extraíble será para empresas estadounidenses instaladas en México».
Sumado a lo anterior, se sabe que en mayo de 2026 en Coahuila se comenzaron a anunciar programas universitarios para impulsar carreras encaminadas a la extracción de gas no convencional. Sobre esto, Auerbach dice: «Lo que va a pasar es que vamos a tener ingenieros y personas muy capacitadas que van a terminar como operadores en las maquiladoras. Son muy pocos los trabajadores que realizan las perforaciones y los estudios».
El cambio de postura de la 4T
Llama la atención el cambio repentino de postura por parte del gobierno de la 4T para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante fracking, sobre todo por el giro narrativo que coloca la soberanía energética de México como un argumento inamovible y necesario para justificar esta técnica.
«Hay una fuerte campaña por parte de toda la 4T para decir que el fracking es viable, pero pareciera que se trata de una decisión desesperada para tener una solución al tema económico. La presidenta conoce sobre el tema, ha escrito sobre el fracking, conoce sus consecuencias y, además es científica», comparte Montaño.
Por su parte, Auerbach menciona que se trata de presiones por parte de Estados Unidos: «Si nuestro estado es ganadero, por qué no explorar por ahí y dejar a un lado el saqueo de agua, porque ése será el principal problema en Coahuila».
Rogel apunta que es necesario impulsar la reforma energética que ya está en el Congreso de la Unión para que se prohíba el fracking en territorio mexicano. Greenpeace advierte que la fracturación hidráulica genera impactos sobre el agua, la calidad del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero, el paisaje y la inevitable destrucción de la cultura de los pueblos. La organización ha denunciado esta técnica desde la reforma energética de 2013 y la Ley de Hidrocarburos de 2014, ambas impulsadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta los anuncios recientes sobre su posible reactivación. Los costos de esta apuesta por la soberanía energética recaerán sobre comunidades indígenas, campesinas y rurales que hoy defienden sus territorios frente a un proyecto de alto riesgo social y ambiental.
