CARRIZO, Maria Eugenia
He caminado entre ellas. He escuchado sus preocupaciones al amanecer mientras preparábamos el café para la jornada y sus voces firmes al momento de narrar sus historias. He visto cómo sus manos, acostumbradas a amasar el pan y sostener a sus hijos, tienen que cerrarse para sostener pancartas o recoger las piedras con las que protegen el agua y la tierra. Aunque mi voz aquí es solo un hilo que intenta tejer sus historias, lo hago desde la convicción de que lo que sucede en nuestras tierras no son solo «conflictos ambientales», sino una batalla por la vida misma; batalla que nos compete a todas y todos.
En América Latina y el Caribe, defender la tierra no es solo una consigna o un algo que se haga con ligereza; más bien es un riesgo de muerte. Somos la región más letal del planeta para quienes alzan la voz: más del 70% de los asesinatos globales de activistas ocurren en nuestros suelos, con una herida que sangra especialmente fuerte en Colombia, México, Brasil y Honduras. Ante esto, las mujeres son quienes se alzan en valor, no por ellas mismas sino por sus hijos y las generaciones que vendrán con un mensaje fuerte que no puede perderse, nuestros territorios, pueblos y culturas: «No son zonas de sacrificio», sino que son lugares de memoria e identidad, y cada hectárea que se entrega al extractivismo es un pedazo de futuro que se les arranca, que se nos arranca.
Las heridas de la «Casa Grande»
En esta escucha, he podido oír lo que pasa en México, la dolorosa realidad que atraviesan mucho pueblos indígenas y rurales que enfrentan una embestida sistemática de megaproyectos que transforman sus formas de vida sin consulta alguna. La imposición de minería a cielo abierto, parques industriales, gasoductos y desarrollos inmobiliarios ha generado una división comunitaria profunda y la contaminación de ríos sagrados. México es hoy un escenario donde empresas nacionales y extranjeras extraen oro, plata, cobre y zinc, profundizando un modelo extractivista que desplaza a familias enteras de los lugares que han habitado por generaciones.
Particularmente dolorosa es la situación en estados como Veracruz, donde las comunidades mantienen un rechazo absoluto al fracking o fractura hidráulica. Aunque la industria intente disfrazarlo de «sustentable», la gente sabe que esto significa un uso intensivo y una contaminación irreversible del agua que sostiene su vida comunitaria. Defender este pedazo de tierra en México es hoy una actividad de altísimo riesgo: solo en el año 2025 se documentó el asesinato de 10 ambientalistas y 135 agresiones directas. Lo más alarmante es que el Estado tuvo participación directa en 76 de esas agresiones, convirtiéndose a menudo en el agresor en lugar del protector. Frente a esto, las comunidades resisten a través de asambleas y radios comunitarias, exigiendo el respeto a su libre determinación.
En Guatemala, la amenaza tiene forma de cemento y muros que pretenden detener el curso de la vida. He escuchado con angustia sobre la persistente amenaza de construcción de la represa de Shalalá, un proyecto que pende sobre los pueblos como una sombra constante. El gobierno ha decretado 57 nuevas fuentes de energía, lo que implica la construcción de decenas de nuevas represas que los pueblos originarios ven como una agresión directa a su existencia y sus recursos naturales, atentando directamente sobre las fuentes primarias de su alimentación y la calidad del agua, de los moradores actuales, pero por sobre todo de las generaciones que vendrán.
Pero el costo de oponerse a este “progreso” impuesto es altísimo. En Guatemala, la respuesta estatal para las defensoras es la criminalización y el encarcelamiento. Defender el agua y la tierra se ha convertido en un camino que conduce a la persecución judicial, una estrategia que no solo busca silenciar a las mujeres de hoy, sino que constituye una amenaza directa para las nuevas generaciones que heredarán un territorio fracturado y una libertad restringida.
Al bajar hacia el sur, escuché los testimonios de La Guajira, en Colombia, una región que enfrenta una crisis humanitaria devastadora Allí, las comunidades afrocampesinas llevan décadas conviviendo con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto, viendo cómo sus fuentes hídricas se agotan y su salud se deteriora. Para ellos quien el territorio es hogar y espíritu, lo ven hoy despojado y cercado por la miseria.
Aquí, la vulnerabilidad se traduce en cifras de horror, que han convertido al lugar en una sociedad donde la pobreza supera el 61%, el agua potable es un lujo y la desnutrición infantil ha cobrado la vida de más de 6.000 niños a en un territorio que, paradójicamente, es rico en recursos. Es un caso claro de racismo ambiental y colonialismo moderno, donde las políticas del Norte Global tienen responsabilidad directa en cada muerte y cada desplazamiento.
La presión sobre este territorio es asfixiante. Existe una mina de carbón que se niega a cerrar y más de 170 nuevas solicitudes mineras que amenazan con borrar del mapa a las comunidades locales. Me contaron cómo la minería de carbón y cobre presiona sobre los cimientos mismos de sus casas, todo para alimentar el consumo de nuevas tecnologías en el «primer mundo». Las mujeres allí no solo luchan contra la escasez de agua potable, sino contra el estigma de vivir en una zona que el sistema parece haber decidido que puede desaparecer, ente esto ellas se preguntan si están condenadas a desaparecer para alimentar el consumo de un Norte Global que impone un colonialismo y un racismo ambiental que no es cosa del pasado, sino una realidad que mata hoy matando a comunidades enteras, condenando a los pueblos al desplazamiento forzado o al exilio. Para las mujeres guajiras, defender el territorio es una cuestión de raíces; es proteger la memoria de sus mayores y el derecho de sus hijos a vivir en paz y con agua limpia.
Más al norte, en Nicaragua, el aire se siente pesado bajo un estado policial que criminaliza cualquier pensamiento diferente. He oído los testimonios de cómo los pueblos indígenas sufren el despojo a manos de colonos armados, impulsados por la fiebre de la minería ilegal. La represión ha tomado formas legales perversas. Una nueva ley de fronteras otorga al Estado el control total sobre una franja de 15 kilómetros. Esto significa que las comunidades indígenas no pueden vender sus tierras ni, lo que es más sagrado, heredarlas a sus hijos; las propiedades pertenecen ahora al Estado.
Muchas de estas tierras están siendo entregadas en concesiones a empresas chinas para la minería, un proceso opaco del que no se puede hablar en los medios locales debido al control absoluto. El resultado es un exilio masivo, con cientos de familias huyendo hacia Costa Rica para salvar la vida.
La vida de los defensores no es fácil allí, varios han tenido que huir al exilio, como quien me narró esta historia, y otros o han desaparecido bajo custodia del Estado, como el caso de Brooklyn Rivera. Mientras tanto, nuevas concesiones mineras se entregan a empresas chinas, profundizando un costo ambiental y cultural del que nadie puede hablar en voz alta por miedo a la represión o al exilio.
En el Bajo Aguán, en Honduras, la historia es una de despojo sistemático desde los años 90. Allí, una ley de modernización agrícola permitió que tierras que debían ser para cooperativas campesinas terminaran concentradas en manos de tres grandes grupos empresariales vinculados a la palma aceitera. Esta concentración de la tierra ha generado una violencia permanente que recientemente se cobró la vida de 20 personas en una masacre en mayo. He escuchado cómo la violencia ha sido la única respuesta de los gobiernos, que actúan bajo la sombra de intereses externos.
En esta región, el modelo extractivista de hierro y oro se mezcla con las rutas del narcotráfico, creando una concentración de violencia. La disputa ya no es solo por los valles, sino por las zonas altas donde las familias rurales apenas tienen un pedazo de tierra para sembrar maíz y frijol, y donde la resistencia se ha llevado la vida de tantos, de manera cruel y donde la justicia se mezcla con el poder político; hoy las luchas por el territorio son la lucha por la justicia para las familias de los defensores que entregaron sus vida; por ejemplo de Juan López; del cual tantas veces he oído su nombre entre lágrimas por sus compañeras durante estos días.
En la tierra donde vivo, la amazonia boliviana. Hace pocos días me tocó ser testigo de la fuerza de las mujeres de los territorios indígenas de la CPEMB, especialmente de las compañeras del Territorio Indígena Multiétnico TIM. Las escuché organizarse desde las bases para marchar hacia La Paz, exigiendo la abrogación de leyes que amenazan sus tierras colectivas. Caminaron desde 14 comunidades, sumando fuerzas con otros pueblos indígenas de tierras bajas para defender su «casa grande», que es también su mercado y su medicina tradicional.
«Nada ha sido regalado por los gobiernos», me dijo una de ellas. Recuerdo su relato con sus manos en la olla comunitaria llena de fideo para calmar el hambre y el cansancio, pesos sostenidos sobre los pies con ampollas, y en el marco de un frío y una altura desconocida para los amazónicos, que les causaba intensos dolores de cabeza y cómo el cambio de clima las hacía enfermar. Pero también recuerdo cómo el pueblo de La Paz las recibía con lo que tenían y les daban aliento. La solidaridad de la gente de la universidad. Pero recuerdo sobre todo la alegría del abrazo cuando entré al polideportivo donde dormían y comían, y sus ojos llenándose de lágrimas por ver un rostro amigo y saberse acompañadas en la lucha. Ellas y ellos defienden el territorio ancestral de Mojos y el agua dulce porque saben que, si entra la minería, sus ríos se contaminarán y sus bosques serán avasallados, y sus formas de vida y relación ancestral con la tierra se acabarán.
El «Trabajo de Hormiga»
y el costo del cuerpo Pero en medio de este mapa de dolor, de nuestro cuerpo que es territorio, he visto florecer la organización más pura. Las mujeres somos el «trabajo de hormiga» minucioso, colectivo y tenaz. He estado ahí muchas veces cuando ellas organizan la logística, cuando consiguen el local, cuando aseguran que haya alimentos para quienes marchan. Somos nosotras quienes movemos la «maquinaria» esta vez no de la extracción sino del amor y la solidaridad.
Las mujeres somos la voz de denuncia y las guardianas de la conexión sagrada con la tierra que nos heredaron las abuelas. Sostenemos la soberanía alimentaria y protegemos a las familias en medio del desplazamiento forzado o el exilio. Sin embargo, poner el cuerpo tiene un precio. He visto el agotamiento en sus rostros, un desgaste emocional inmenso por vivir en un estado de alerta constante. A menudo, enfrentamos una doble carga: la lucha externa contra el sistema y la lucha interna contra el machismo en nuestras propias organizaciones.
He escuchado a compañeras relatar cómo son cuestionadas por estar en espacios públicos en lugar de «cuidar a la familia», y cómo deben pelear para que se les reconozca como titulares de la tierra. Romper con esos roles asignados es una lucha silenciosa y agotadora.
Una esperanza que germina
A pesar de todo, estas mujeres no se rinden. He escuchado cómo ven en sus hijos e hijas el relevo de esta lucha; ellos crecen a su lado en las caminatas, con una pancarta o una canción. Saben que, si no protegen el territorio hoy, no habrá flora ni fauna que conservar para los que vienen atrás.
Al final de estos viajes y de escuchar tantas voces, me queda una certeza: la vida no se sostiene con el dinero de las mineras o los agronegocios. La vida se sostiene con el amor, con la unidad y con esa capacidad inquebrantable de caminar juntas. Como bien dijo una de las voces que escuché: «Somos las mujeres las que, con nuestro vientre y nuestro ser, somos capaces de generar una vida abundante y fecunda que nos llena de esperanza en medio de tanto dolor».
Esta nota es para ellas, para aquellas cuyos rostros y nombres invisibilicé por su seguridad, y por tantas otras que no conozco ni conocemos: cientos de miles de mujeres invisibles que hacen posible que el mundo siga girando, para las defensoras que entienden que la tierra no es una mercancía, sino la vida misma.
Agradecimiento:
Finalmente, no puedo cerrar estas líneas sin expresar mi más profundo agradecimiento a las compañeras de la Red de Defensoras que acompaña Alboan desde el País Vasco, quienes, junto a mis compañeras de camino de los territorios del TIM (Territorio Indígena Multiétnico) y el TIMI (Territorio Indígena Mojeño Ignaciano) con las que comparto la vida diaria, me han permitido poner voz a sus historias de resistencia.
Gracias por confiarme el relato de esa fuerza inquebrantable que las mantiene en pie y por enseñarme que, incluso en los contextos más difíciles de despojo y violencia, ustedes son ese signo de esperanza vivo del cual todas somos testigos. Caminar a su lado me ha permitido entender que la vida no se negocia y que su lucha es la semilla de un futuro posible para todos y todas.
