Carlos Aranda
Si uno mira la fotografía económica de Bolivia en 1890, encuentra algo que hoy suena inverosímil: un boliviano producía más que un peruano, más que un brasileño, más que un colombiano y más que un ecuatoriano. No éramos ricos —nadie lo era todavía en esta parte del mundo—, pero estábamos adelante, y todavía estuvimos así durante más de medio siglo. Ciento treinta y dos años después la fotografía es completamente distinta. Las economías superaron económicamente al país para, posteriormente, ampliar la diferencia en términos de crecimiento económico. Chile, que ya estaba adelante, se alejó hasta triplicar nuestra renta per cápita, una medida criticada e imperfecta que utilizamos los economistas, pero que sigue siendo muy útil para medir la riqueza de las naciones.
Si el fracaso de los planes de industrialización marcó el declive relativo del país a lo largo del siglo XX y del primer cuarto del siglo XXI, hoy nos enfrentamos a un riesgo aún mayor: quedar al margen de la revolución de la inteligencia artificial. Las consecuencias de ese fracaso serían todavía más devastadoras que las sufridas antes, porque esta vez la distancia no se abrirá entre países que producen lo mismo con distinta eficiencia, sino entre los que producen y los que ya no tienen nada que ofrecer.
La urgencia es innegable. La renta del gas se agotó, las reservas se consumieron sosteniendo un déficit fiscal enorme que volvió el tipo de cambio fijo insostenible y la corrección terminó llegando por la vía más cara: una crisis cambiaria y un salto inflacionario que empobreció a cientos de miles de bolivianos en dos años. Al mismo tiempo, el país atraviesa el momento demográfico más favorable de toda su historia: nunca hubo tanta gente en edad de trabajar por cada persona que depende de ella, y no volverá a haberla. Estamos gastando esa ventana, que se abre una sola vez, en discutir otra vez qué mineral nos va a salvar.
