ROJAS, Gonzalo
Este ensayo se concentra más en los efectos políticos relevantes que acentúan y visibilizan un contexto problemático y de crisis de la política en Bolivia antes que en la composición del gobierno nacional y de las regiones y municipalidades, resultantes de las elecciones de 2020 y 2021, respectivamente. Revisamos algunos trabajos relevantes, ensayos y artículos de opinión teniendo en cuenta además tendencias más o menos evidentes en la región latinoamericana y en el mundo, al menos aquellas con mayores puntos de contacto e influencia.
Preliminarmente, la coincidencia entre el gobierno transitorio emergente de la crisis política por el fraude oficialista de octubre del 2019 y el surgimiento y la expansión de la Covid-19 tienen una combinación muy significativa pero, a contramano de miradas triunfalistas, apuntamos a una crisis mayor de la representación partidaria en el país e incluso a las nociones más aceptadas de concepción y accionar político en democracia. Al centro de todo esto está la incertidumbre, no solo económica y sanitaria, sino también del rumbo general de la dirección del país, dada las visibles inconsistencias de las candidaturas del oficialismo nacional y de las opciones de la oposición.
Circunstancias bolivianas
En octubre del 2019 se llevaron a cabo unas elecciones altamente polarizadas en Bolivia, luego de un abanico de elementos que forzaron la candidatura de Morales Ayma y García Linera al binomio presidencial para un cuarto periodo. Ya el tercero -que estaba culminando- fue forzado, pues la Constitución boliviana, aprobada en el primer mandato de los aludidos, en su artículo 168 limita a solo dos periodos continuos y la Disposición Transitoria primera, de la misma Constitución Política del Estado (CPE), señala que el primer periodo entra en la contabilidad de ese límite.
Pero lo más brutal -porque no tiene antecedentes en la historia mundial de la democracia- fue desobedecer un mandato popular, expresamente vinculante, que fue lo que se hizo con el resultado del referendo del 21 de febrero del 2019 (21F), lo que estoy denominando como delito de lesa democracia2, por esa novedad de un caudillo presidente que no respeta la fuente de su propio mandato, a pesar de tener a un Tribunal Electoral totalmente sometido al partido en el gobierno, con pretensión de convertirse en partido único (Rojas Ortuste 2019), luego de las renuncias de las dos vocales institucionalistas (una de ellas –Kathia Uriona- ejercía la presidencia del ente colegiado cuando se dio el 21F hasta su renuncia y la otra –Dunia Sandoval-, con una carta explícita sobre los riesgos para la democracia).
Continúa leyendo este artículo y otros más adquiriéndolo en la sección REVISTAS
