MANJON, Sergio
El Foro Agropecuario organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) fue presentado como un espacio de diálogo democrático para definir el futuro del agro boliviano. En teoría. En la práctica, se transformó en un podio desde el cual tres candidatos —Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga— compitieron no por ideas ni propuestas país, sino por ver quién ofrecía más beneficios al sector empresarial agroindustrial. Sin condiciones. Sin contraparte. Sin siquiera fingir una mirada de interés por el bien común.
Las promesas fueron un catálogo del viejo dogma neoliberal: arancel cero, fin de las bandas de precios, apertura total de exportaciones, legalización de transgénicos, reducción de impuestos, créditos blandos, etc. En otras palabras: quitar todo freno, desarmar al Estado y entregar las llaves del modelo productivo a quienes ya lo manejan.
Y sin embargo, el verdadero escándalo no está en lo que se prometió, sino en lo que se calló. Ni una palabra sobre los incendios forestales que arrasan cada año la Chiquitanía, el Pantanal y la Amazonía. Ni una mención a las hectáreas deforestadas anualmente, muchas en zonas de expansión ilegal. Ni una pregunta incómoda sobre cómo sostener ese modelo sin colapsar el país.
El silencio no es ingenuo. Es cómplice.
Según datos del economista ambiental Stasiek Czaplicki, 2024 fue el peor año de incendios forestales en la historia boliviana: 12,6 millones de hectáreas quemadas, el 11,5% del territorio nacional. Por primera vez desde 2010, la mayoría de la superficie afectada no fue pastizal, sino bosque: 7,2 millones de hectáreas arrasadas. San Matías, San Ignacio de Velasco, Concepción, Urubichá, Ascensión de Guarayos. No son accidentes geográficos: son epicentros de la expansión agropecuaria. La línea entre agronegocio y destrucción ambiental ya no es borrosa: es frontera trazada con fuego.
En San Ignacio de Velasco, donde se concentra el 15% de toda la deforestación del país, la cosa es aún más clara: el 52% del desmonte ocurre en tierras empresariales o medianas, que apenas representan el 19% de la tenencia de la tierra. En cambio, en territorios indígenas, la deforestación es marginal: menos del 1%. ¿Quién destruye? ¿Quién conserva? ¿Quién recibe beneficios y subvenciones? ¿Y quién apenas sobrevive?
Porque lo más perverso no es solo el daño ecológico, sino el modelo de privilegios que lo sostiene. Mientras los grandes agroexportadores acceden a combustible subvencionado, créditos con tasas bajísimas, exenciones tributarias y uso casi gratuito del agua, cualquier emprendedor que intente montar una microempresa enfrenta impuestos, regulaciones, trámites y tasas que lo ahogan desde el primer día. Abrir una tiendita es un viacrucis. Desmontar ilegalmente miles de hectáreas, en cambio, es negocio seguro.
No se trata de estar en contra de la empresa ni de la producción agropecuaria. Bolivia necesita producir, necesita exportar, necesita crecer. Pero ningún país puede llamarse democrático si su política económica consiste en administrar privilegios para unos pocos a costa de la mayoría. No puede ser que se repartan subsidios públicos sin exigir sostenibilidad. No puede ser que se pidan más facilidades sin asumir ninguna responsabilidad ambiental. No puede ser que se hable de desarrollo mientras arden los bosques. No puede ser que se hable de desarrollo si los dólares de las exportaciones no retornan al país.
Cuando los candidatos prometen “quitar trabas” al agro, en realidad están ofreciendo más impunidad para quienes ya actúan sin control. Según los datos de Czaplicki, entre 2017 y 2023, el 38% de la deforestación en San Ignacio fue potencialmente ilegal. ¿Y cuántos fueron sancionados? Apenas el 30%. En 2024, de 136 procesos judiciales por quema ilegal, solo 6 terminaron en sentencia. Esto no es “persecución al agro”. Esto es normalización del saqueo.
Mientras tanto, más de 92.000 familias fueron afectadas por los incendios. ¿Cuántas recibieron ayuda del Estado? Apenas un 8%. ¿Cuánto recibió cada familia? El equivalente a 750 bolivianos. ¿Qué democracia es esta, donde se gasta más en facilitar exportaciones que en proteger a los propios ciudadanos?
En el foro, se habló de liberar al agro. ¿Pero quién lo controla? ¿Quién lo regula? ¿Dónde están los compromisos de reforestación? ¿Dónde están los límites al uso del agua en un país en crisis hídrica? ¿Dónde está el mínimo sentido de justicia ambiental? Porque si se quiere subsidio e incentivo debe haber compromiso. Si se quiere libertad, debe haber responsabilidad.
Y no es solo una cuestión ecológica. Es una cuestión política. Los pequeños productores fueron mencionados de pasada, como decorado testimonial. Pero el evento giraba alrededor de los grandes: los que tienen más tierra, más maquinaria, más crédito, más poder. Mientras tanto, los campesinos, los agricultores familiares, los pueblos indígenas, los mercados locales, siguen esperando una política que los vea, que los escuche, que los incluya.
El Estado que hoy se quiere debilitar ya es, de hecho, incapaz de ejercer autoridad. Las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales son claras: frenar normativas que incentivan desmontes, fortalecer la ABT y el SERNAP, apoyar la gestión sostenible de bosques, dotar recursos al manejo del fuego. Pero esas voces no estuvieron en el foro. Ni una sola.
Porque el problema no es que los candidatos hayan prometido demasiado. El problema es que nadie les exigió nada a cambio.
El foro agropecuario no fue un evento técnico. Fue una escenificación política: la puesta en escena de un país gobernado para unos pocos, donde se llama “progreso” al extractivismo, “libertad” al descontrol, “productividad” a la concentración de beneficios. Un país donde los que más tienen piden más, y los que menos tienen siguen sin voz.
No hay democracia si se gobierna solo para quienes exportan. No la hay aunque vengan divisas. No la hay aunque suba el PIB. No la hay si el precio es el bosque, el agua, el territorio y la vida de miles de bolivianos que no fueron invitados al foro, pero pagan las consecuencias del modelo.
Producir alimentos no exime de responsabilidades. Y promover inversión no puede significar premiar la impunidad. El desarrollo económico y la salida de la crisis, si no es justa y sostenible, es simplemente otra forma de saqueo.
No hay futuro si seguimos quemando el presente y no hay democracia si se gobierna solo para los que exportan.
