Falta más de dos años para que se cumpla el periodo de Arce Catacora en la presidencia del país, y ya la disputa arrecia en el oficialismo. No hay lugar a duda sobre cuál es el objeto del deseo; el reparto de pegas y los privilegios que ello implica, algunos sumidos en la opacidad de la escasa, cuando no nula, fiscalización. Nos ocupamos del MAS en tanto es la fuerza política que casi por dos décadas está a la cabeza del país, y por ello hay cierta preferencia a los efectos del enfrentamiento entre facciones sobre la sociedad boliviana y lo que queda del sistema político.
El “fiscalato” en acción
La administración de justicia es cada vez más maloliente y eso no cambiará en tanto el masismo siga instrumentalizándola para reprimir opositores y asegurar impunidad a los suyos. El dato fuerte del presente es que entre los “suyos” ya no están todos los masistas, sino los cercanos al “arcismo”, los fieles circunstanciales del mandamás de turno en el aparato del Estado. Ejemplo de esto fue la rápida reacción ante el sobreseimiento (declaración sin culpa) del Gobernador de Potosí por el bullado caso de las ambulancias, cuando día después en La Paz se lo aprehende por encontrar causas sobre enriquecimiento ilícito. Y es el segundo Gobernador que estando en el cargo va a parar a prisión, el primero masista del ala evista. Ya se sabe que el de Santa Cruz fue primero, mediante acción comando y secuestro de la policía para traerlo a Chonchocoro. Ese tipo de acciones, que luego se quiere cubrir con manto de “justicia” es lo que Manfredo Kempff llama el “fiscalato”.
Al momento de escribir estas líneas1 está en curso un curioso “cuarto intermedio” en la huelga de hambre en las instalaciones de la Asamblea Plurinacional de diputados/as “evistas” pidiendo se trate la Ley para convocar a las elecciones judiciales, ese mañoso mecanismo introducido en la Constitución vigente desde el 2009. En las dos anteriores veces que se dieron tales elecciones, como se sabe, nulos y blancos, sobrepasaron los votos válidos para cualquier cargo, porque el voto es requerido para los seleccionados azules, quienes con su desempeño, nos mostraron ser indignos de los atributos para tal ejercicio.
No supieron hacer respetar los derechos de bolivianos y bolivianas que, con voto, en referéndum el 21F2 (2016) le dijimos “no” a la pretensión de eternizarse en el cargo del binomio (presi y vicepresidencial), pero los dizque custodios de la Constitución3 (Art. 168) ignoraron eso y la decisión de la ciudadanía y declararon que el derecho humano (!) a reelegirse de dos individuos, en los puestos más altos, estaba por encima de este límite central en las democracias modernas, que los gobernantes son transitorios y no omnipotentes. Y aún hoy sigue vigente semejante engendro, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que es la única que puede interpretar estos derechos aclaró, con opinión consultiva (fallo) que no hay tal derecho.
Yo añadiría que ya pasó hace siglos el invocar derechos “divinos”. Esta discusión ha vuelto a los titulares por cuanto a los “arcistas” les interesa sa car de escena la insistente, obsesiva, voluntad de Morales Ayma de volver a ser el mandamás del país. De paso, se insinúa también lo que sabemos todos, que el relato del “golpe” en 2019 fue una mascarada para desconocer el fraude electoral que en su momento el propio oficialismo admitió ante las crecientes protestas que ya pedían la renuncia de los pretendidos eternos en las altas magistraturas del Estado.