ZEGADA, María Teresa
Un órgano electoral sin condiciones de arbitraje y sus derivas
El proceso previo a las elecciones de octubre pasado no estuvo centrado, como es habitual en eventos de esa naturaleza, en los programas de gobierno o en dar a conocer a los candidatos en cuestión; en cambio, evidenció el proceso de polarización discursiva que se había instalado en el país desde hace poco más de tres años, entre la voluntad continuista de Morales y García Linera, como autoridades/candidatos oficialistas, por un lado, y por el otro, el cuestionamiento y malestar ciudadano por la falta de respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando los votantes expresaron mayoritariamente su rechazo a la reforma constitucional que permitiría a ambos personajes permanecer como candidatos para las elecciones de 2019.
Desde aquel momento, el país se electoralizó y el tablero político se fue adaptando a una tensión entre quienes sostenían la necesidad histórica de mantener a Morales en el poder para concluir con las tareas encomendadas por los “movimientos sociales”, y quienes exigían el respeto al voto poniendo en consideración la necesidad de renovación y alternancia en el poder. En el centro del debate gravitaba la noción de democracia.
Las encuestas pre electorales mostraban la acumulación de la preferencia electoral básicamente detrás de las dos opciones que representaban estas tendencias: Evo Morales y Carlos Mesa. A este nudo central del debate político se fueron sumando otras contingencias previas a la elección, como denuncias de corrupción, el cuestionamiento o exaltación de la reciente gestión pública y una situación inesperada que se produjo con el incendio en la Chiquitanía que, en medio de la tragedia, visibilizó los temas de fondo de cuestionamiento al gobierno del MAS, como su distanciamiento respecto de la matriz indígena originaria con la que arribó al poder, el desarrollismo que marcó su gestión con la consecuente depredación del medio ambiente, así como el favoritismo con ciertos sectores sindicales en detrimento de otros.
En medio de estos factores políticos contingentes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lejos de constituirse en el árbitro neutral y confiable que garantice la imparcialidad y certidumbre en el proceso electoral, se convirtió en un factor más de disputa política por su actuación parcializada en favor del partido de gobierno, actitud que se manifestó en distintos hechos políticos concretos que se fueron agravando a medida que se acercaban los comicios electorales.
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