ALANES, Zulema
GUACHALLA, Arnold
Con la aprobación del nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, bajo los lineamientos del interés superior del niño, las garantías de la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas del bloque de constitucionalidad, así como la aplicación preferente de las normas internacionales de derechos humanos, Bolivia cuenta con un importante desarrollo normativo en materia de protección y garantía de derechos. Sin embargo, la realidad va a contrapelo de las normas y del reconocimiento formal de derechos. Los avances normativos no tienen correspondencia en el andamiaje institucional que debe garantizar la prevención, atención y sanción de toda forma de vulneración de la integridad sexual de la niñez y adolescencia.
La violación sexual es una de las formas más graves de violencia y conlleva efectos devastadores en la vida de niñas, niños y adolescentes.
Los expedientes judiciales son evidencia de que no se cumplen los estándares del debido proceso y de que el Estado quebranta su responsabilidad de proteger a las víctimas, garantizar sus derechos, reparar el daño y sancionar a los perpetradores de este tipo de delitos.
La omisión de justicia y la impunidad en los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes naturalizan la violencia machista y son caldo de cultivo para prácticas socioculturales que perpetúan la desigualdad e inequidad de género. Las cifras “sombra” de la violencia sexual
En 2015, la Defensoría del Pueblo, en su informe “Las niñas y las adolescentes: derechos invisibilizados y vulnerados”, aseguró que a nivel nacional cada día 16 niñas o niños sufren vejámenes sexuales.
El informe defensorial destacó que tres de cada cuatro casos de agresión sexual que involucran a menores de edad ocurren en su casa o en su escuela, el 97% de las denuncias de agresiones sexuales apuntan a parientes varones de las víctimas y el 60% de los acusados de haber cometido el delito son reincidentes. Según la Misión Justicia en Bolivia, sólo el 5% de los casos de violencia sexual se denuncia, lo que significa que existe un silencio cómplice que protege a los agresores y deriva en un elevado subregistro en las cifras oficiales.
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