LAURA ARUQUIPA, Mariela
Con la pandemia del Coronavirus (Covid-19), el 90% de las trabajadoras del hogar perdió su empleo y no puede acceder a atención médica por una ley estancada hace 18 años. Muchas de ellas resultaron golpeadas económica y socialmente. Se vieron forzadas a aceptar condiciones laborales desfavorables debido a la necesidad,aguantaron insultos, descuentos y encierros.
Graciela llegó a la ciudad de La Paz a sus 15 años, dejando a sus padres y hermanos menores en su pueblo natal de Suntia Grande del municipio de Achacachi. Tenía la ilusión de conseguir un buen trabajo para estudiar. Una familia le ofreció trabajo, techo y comida y un buen sueldo a cambio de realizar los quehaceres de una ostentosa vivienda en las Lomas de Achumani, en la sede de Gobierno.
El aparente trabajo prometedor le brindó 25 años de maltrato, acoso y hasta violencia física. “Con nada se contentaba la señora, el caballero era bueno, pero su esposa me gritaba”, recuerda Graciela. Quiso escaparse, pero no pudo. La encerraban. Estuvo unos cinco años sin paga, que logró revertir a tanto reclamo.
Ya con la edad de 40 años, y con el inició la pandemia el 10 de marzo de 2020, Graciela se vio con un aumento evidente en sus labores. Sus empleadores reunieron en la casa a dos hijos, dos nueras y cinco nietos para pasar la cuarentena. Ella se vio obligada a asumir la sobrecarga laboral. No solo debía cocinar, lavar enseres, ropa y realizar el aseo, sino que a su habitual responsabilidad se sumó el cuidado de tres de los cinco nietos.
A uno de ellos –de 1 año y medio- tuvo incluso que cargar en sus espaldas mientras realizaba las labores para no retrasarse. Contrario a toda lógica, sus empleadores, en lugar de un aumento, le redujeron el salario –de Bs1.700 a Bs1.500-.
Le dijeron: “no hay plata por la pandemia”, recuerda Graciela.
Agobiada por los dolores de espalda y huesos, que agravaban su artritis, Graciela decidió reclamar por la sobrecarga laboral, que incluía hasta atenciones de madrugada, sin respeto por sus horas de sueño, para asistir a un enfermo de Covid-19 en la casa. Recibió como respuesta “vacaciones”, pero antes tuvo que firmar su “renuncia voluntaria”, caso contrario no recibiría los tres últimos sueldos que le adeudaban.
Desempleada y sin familia, Graciela llegó hasta las oficinas de la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia (Fenatrahob) en busca de cobijo. Pese a trabajar por 20 años en La Paz, no conoce la ciudad. Dio positivo a Covid-19 y el dinero que ahorró con sacrificio lo utilizó para costear sus medicamentos. No tiene seguro de salud. Demandó a sus empleadores ante el Ministerio de Trabajo para exigir que le paguen los beneficios sociales por los 25 años de servicio, donde no disfrutó ni un solo día de vacación y que aún no logró que le paguen.
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