Una estrategia sanitaria, que implicó la coordinación de varias instituciones estatales y penitenciaria, junto a la dirigencia de los privados de libertad, permitió reducir drásticamente, la cantidad de internos afectados por el nuevo coronavirus (Covid-19) en la segunda y tercera ola. El luto de la primera ola, con 51 decesos, ya no se repitió, pero el riesgo sigue latente por el insuficiente presupuesto para insumos de bioseguridad y medicamentos que los reclusos reclaman.
Para la segunda y tercera ola, el Gobierno, en una cumbre que congregó a representantes de organismos internacionales –OMS/OPS- y entidades nacionales -Sedes y ministerios de Salud y de Gobierno-, delineó y aprobó los protocolos para la atención del Covid-19 en los centros penitenciarios, con medidas como los encapsulamientos temporales, rastrillajes, campañas de desinfección, dotación de material de bioseguridad, a los que se sumaron campañas de inmunización. Un tema pendiente es la ayuda sicológica a los privados de libertad.
“Este año nos fue mejor, estuvimos más preparados”, dice a ANF un interno del penal de San Pedro en La Paz -el segundo más poblado del país-, que lleva en la memoria cómo sus compañeros de infortunio morían cada día hasta sumar 22 en la primera ola de marzo a agosto de 2020. Señala que mucho del éxito actual para enfrentar al Covid-19 es mérito de los privados de libertad, quienes se vieron obligados a aportar dinero de sus bolsillos para la compra de medicamentos, hierbas medicinales, barbijos y desinfectantes.
Un presupuesto reducido contra la pandemia
Los problemas de los internos, en las cárceles del país, siempre fueron secundarios para los gobiernos, y eso se puede constatar al revisar los ínfimos presupuestos que se designan cada año: 8 bolivianos para la alimentación diaria por interno y unos 71 bolivianos para la salud, de los cuales 16,5 bs. se destinan para los medicamentos. Régimen Penitenciario adicionó un presupuesto de 200.000 bolivianos para afrontar la pandemia en la presente gestión, es decir a razón de 11 bolivianos por interno.
La Dirección de Régimen Penitenciario debe buscar opciones para superar las carencias, como gestionar donaciones en medicamentos y alimentos, así como suscribir convenios de servicios para tratar de cubrir las necesidades que surgen en el mundo carcelario, como refiere el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
“Estas donaciones más los presupuestos que hemos manejado nos ha permitido no hacer faltar los medicamentos a los privados de libertad”, afirma Limpias.
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