ESPINOZA, Yara
En 1952 en Bolivia se vivió la Reforma Agraria, la cual impulsó una revolución que buscaba devolverle la dignidad a miles de campesinos e indígenas que trabajaban en condiciones de explotación y que estaban bajo el yugo del sistema feudal.
Ahora, estas consignas representan una paradoja que se sigue utilizando en los discursos politiqueros y las que necesariamente deben ser cuestionadas por la sociedad civil. Interpelar estos discursos representa el desafío actual de las nuevas reivindicaciones políticas, ya que al desmantelar las problemáticas internas que engloban las categorías de tierra, territorio y avasallamientos se podrán visibilizar los conflictos existentes. Por ello, desde el pragmatismo, se abre la posibilidad de encontrar soluciones, incluyendo la necesidad de respetar las consignas de los principales afectados, que, una vez más, son los indígenas originario campesinos de Bolivia.
Para comenzar a entender el contexto actual de la situación es necesario puntualizar que el Gobierno de Evo Morales, en 2006, impulsó una “Reforma Agraria” dotando a su discurso consignas que se escuchaban en 1952 y eligió de manera sistemática el departamento de Santa Cruz como eje de la repartición de tierras (con mayor precisión el área tropical). Por ello, entre el 2014 y 2019, el INRA realizó 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en ese departamento.
Tal decisión, impulsada en aquel entonces, permanece hasta la fecha y representa una de las decisiones más importantes de los últimos años en torno al manejo de parte del Estado respecto a la tierra y los territorios.
Para enfatizar esta aseveración, se puede revisar un hecho reciente: el pasado 2 de agosto el presidente Luis Arce Catacora anunció la entrega de 26.000 títulos, de los cuales sólo 3 corresponden a comunidades indígenas originarias campesinas (IOC). Este dato muestra la ruptura entre el discurso político desde las altas esferas del poder y las acciones efectivas en relación a dichas comunidades IOC, evidenciando una vez más el retroceso que existe a la hora de garantizar a los pueblos indígenas originarios campesinos el acceso a la tierra y a sus recursos.
De otra parte, lleva a los pueblos ser replegados y no poder canalizar sus demandas porque no se constituyen en actores principales dentro del Estado Plurinacional, ya que al no contar con un territorio terminan excluidos en la toma de decisiones y forzados a buscar otras formas de subsistencia que garanticen su desarrollo económico social.
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